En los últimos años, México ha experimentado un incremento alarmante en la violencia vinculada al crimen organizado, afectando profundamente la percepción de seguridad de la población. Estados como Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, Morelos y Jalisco han sido testigos de enfrentamientos brutales, homicidios y otros delitos de alto impacto que han alterado la vida cotidiana de sus habitantes.
La violencia en México, particularmente en los estados mencionados, no es un fenómeno nuevo, pero su intensidad y frecuencia han aumentado. Los cárteles de la droga, ahora diversificados en actividades ilícitas como la extorsión, el secuestro y el robo de combustible, han incrementado sus disputas territoriales. Estas luchas internas y externas han resultado en un número récord de homicidios y actos violentos, impactando profundamente el tejido social y económico de estas regiones.
En Baja California, Tijuana ha sido uno de los epicentros de la violencia. Las luchas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han generado un clima de terror, afectando no solo a los involucrados en el narcotráfico, sino también a la población general que se ve atrapada en el fuego cruzado. Nuevo León, con Monterrey como su capital industrial, ha visto un resurgimiento de la violencia tras un período de relativa calma. Similar es el caso de Tamaulipas, donde el control del territorio y las rutas del narcotráfico han convertido a ciudades como Reynosa y Matamoros en campos de batalla.
Guanajuato ha emergido como uno de los estados más violentos, con cárteles enfrentándose por el control del mercado de huachicol (robo de combustible). La violencia ha escalado a niveles sin precedentes, afectando no solo a las grandes ciudades, sino también a las zonas rurales. Zacatecas, por su parte, se ha convertido en un punto estratégico para el narcotráfico, lo que ha incrementado los homicidios y la percepción de inseguridad.
En Chihuahua, la violencia ligada al narcotráfico ha sido constante, especialmente en Ciudad Juárez. Michoacán ha vivido una guerra interna entre cárteles y autodefensas, mientras que en Morelos, el aumento de la violencia ha sido atribuido a la presencia de células del CJNG. Además Jalisco, sede del poderoso CJNG, ha visto un aumento en los actos de violencia, desde enfrentamientos armados hasta desapariciones y asesinatos selectivos. Guadalajara y sus alrededores se han convertido en zonas de alto riesgo.
La violencia del crimen organizado ha impactado profundamente la percepción de seguridad de los ciudadanos. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, una gran mayoría de los mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro. En los estados más afectados, este sentimiento es aún más pronunciado. Los ciudadanos no solo temen por su seguridad física, sino que también han modificado sus hábitos cotidianos: evitan salir de noche, limitan sus actividades sociales y toman medidas extremas para protegerse, como instalar sistemas de seguridad en sus hogares y vehículos.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido insuficiente para contrarrestar esta ola de violencia. Aunque se han implementado diversas estrategias, como el despliegue de la Guardia Nacional y operativos conjuntos entre fuerzas federales y estatales, los resultados han sido limitados. La corrupción y la impunidad siguen siendo obstáculos significativos en la lucha contra el crimen organizado. El aumento de la violencia derivada del crimen organizado en México y su correlación con la percepción de inseguridad de la población representan uno de los desafíos más urgentes para el país.
Es esencial que el gobierno mexicano adopte una estrategia integral que no solo combata a los cárteles de manera frontal, sino que también aborde las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades. Solo así se podrá restaurar la paz y la seguridad que los mexicanos merecen.